Una de las políticas públicas impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, que más ha hecho por la calidad de vida de chilenas y chilenos, favorece actualmente a 48 aconcagüinos, según lo informado por el Servicio de Salud Aconcagua y la Gobernación de San Felipe, que de esta forma pueden acceder a tratamientos de alto costo para enfermedades catastróficas.

Hace 30 años que la señora Patricia Aravena, oriunda de San Felipe, vive con la carga de una enfermedad catastrófica de alto costo. Se trata de una “artritis reumatoidea”, dolencia degenerativa que provoca grandes dolores y, a la larga, la incapacidad de moverse, condenando a quienes la padecen a vivir postrados, y cuyo tratamiento supera los 60 millones de pesos anuales.

“Es una artritis reumatoidea, es decir, rigidez total. He estado de tres a cuatro días en cama sin poder moverme porque eran dolores espantosos. Un día quise salir de la duda y fui a dos o a tres farmacias de acá y mensualmente mi remedio tenía un costo de 5 millones de pesos mensuales”, explicó la señora Patricia, quien hace un año y medio comenzó a ser beneficiada con la Ley Ricarte Soto.

“A mí me ha servido mucho, me ha cambiado la calidad de vida, ahora ya no dependo de mi familia, puedo hacer todas mis cosas, me atiendo sola, me cocino, muchas cosas que antes no podía hacer porque esta enfermedad no la tengo hace poco, hace más de 30 años de hecho, antiguamente no existía tratamiento para esto, y ahora sí. Quiero agradecer al Estado chileno que me cubre esta enfermedad tan cara, que no está al alcance de cualquier familia”, precisó la señora Patricia, una de las 48 beneficiarias de la Ley que fue puesta en marcha durante el año 2015.

Entre los beneficiarios del Valle de Aconcagua se cuentan a 23 niños que nacieron en forma prematura, a quienes la Ley ayuda a costear tratamientos contra el virus sincicial; una persona que accede al tratamiento para una mucopolisacaridosis tipo II; y cuatro personas acceden bombas de insulina con todos los insumos y mantención de este tratamiento.

“Entonces son 48 personas que si no fuera por la implementación de este derecho universal de las personas a acceder a tratamientos de alto costo, no tendrían forma de seguir viviendo y en otro caso, como el de la señora Patricia,  de llevar una vida mejor. Por eso nosotros que creemos en el derecho a la salud, empezando por la Presidenta Bachelet, que personalmente ha impulsado la Ley Ricarte Soto”, indicó la directora del Servicio de Salud Aconcagua, la doctora Vilma Olave.

Ella, junto al Gobernador de San Felipe, Eduardo León, llegaron hasta la casa de la señora Patricia para conocer su testimonio. La máxima autoridad provincial destacó en la oportunidad que esta política pública representa un alivio para las familias chilenas, junto al impulso que le ha dado el Gobierno a la educación gratuita.

“La Ley Ricarte Soto es un compromiso que tomó la Presidenta Michelle Bachelet para dar garantías de salud. Yo lo decía, cuando llegamos (al gobierno) habían dos tragedias que afectaban a todas las familias chilenas: primero, que sus hijas o sus hijos ingresaran a la educación superior, tema en el que hemos avanzado con la gratuidad, y el otro lo que era una enfermedad de alto costo. Nosotros creemos que un país como Chile debe garantizarle a las personas el acceso a la salud y a la calidad de vida”, concluyó el Gobernador León.